12
Jun
Las pymes se enfrentan a obligaciones regulatorias y administrativas que las disuaden de aumentar plantilla y llegan a provocar retrasos en inversiones o fragmentación de su estructura para evitar cargas adicionales, paralizando el crecimiento.
Así lo refleja el informe publicado por la Cámara de España “Crecimiento empresarial y buenas prácticas regulatorias para la mejora del entorno de las pymes españolas”, promovido por la Comisión de pymes, en el que se identifican ciertos umbrales asociados al número de empleados de la empresa en los que se detecta un número de compañías más reducido del esperado. Estos umbrales coinciden con tramos de empleo a partir de los cuales la regulación se vuelve más estricta, motivando así que las pymes decidan mantener su tamaño en lugar de crecer y tener que someterse a esa regulación más específica.
El estudio de la Cámara de España identifica cuantitativamente cuatro segmentos de empleo en los que el número de empresas es inferior al esperado:
7 empleados: Dejando aparte la contratación del primer empleado, que supone una primera barrera relevante para el crecimiento empresarial, el trabajo destaca que en la categoría de “7 empleados” hay un 21% menos de empresas de lo previsto. Este primer umbral podría atribuirse a diversos factores, incluyendo consideraciones financieras y fiscales, cuestiones subjetivas, estrategias de negocio, o a dinámicas propias del mercado laboral.
10 empleados: A este umbral se le asocian nuevas obligaciones contables y laborales, como la cofinanciación de la formación a los trabajadores, acogimiento a las normas de despido colectivo o el nombramiento de un delegado de personal, lo que podría influir en la existencia de un 16,6% menos de empresas de lo previsto.
20 empleados: El número real de pymes es un 18,6% inferior al estimado, tras una acumulación evidente de empresas en los tramos de 18 y 19 empleados. Aunque no existe una regulación estructural específica, sí se estima que podría incidir en este resultado la jurisprudencia sobre despidos colectivos aplicable a plantillas superiores a 20 trabajadores, más restrictiva que la establecida para tramos de empleo inferiores.
50 empleados: El número de empresas de 50 trabajadores es casi un 24% inferior a lo esperado, coincidiendo con la entrada en vigor a partir de ese umbral de algunas obligaciones relevantes: creación de un comité de empresa, diseño de planes de igualdad, designación de delegados de prevención, establecimiento de un canal interno de denuncias o exigencias contables más estrictas.
El estudio también proporciona un análisis sectorial que confirma que estos umbrales no afectan por igual a todas las ramas de actividad. En industria y construcción las empresas son más reticentes a alcanzar los 50 empleados, mientras que en servicios y comercio el número de empresas es inferior al previsto, sobre todo, en los umbrales de 7 y 10 empleados.
“Necesitamos políticas que puedan crear un entorno regulatorio favorable a la empresa y su crecimiento. España arrastra desde hace años este mal endémico que limita la competitividad, la innovación, la internacionalización y, en definitiva, la productividad del país”, destaca José Luis Bonet, presidente de Cámara de España. “Mas del 94% de las empresas españolas son microempresas con menos de 10 empleados y autónomos. La existencia de un número elevado de empresas muy pequeñas no es casualidad, es el síntoma de un entorno que dificulta el crecimiento, y es un problema que nos tiene que ocupar y preocupar a todos porque cuando las pymes encuentran barreras para ampliar su plantilla o su estructura, el conjunto de la economía y la sociedad se resienten”.
Como afirma Isabel Puig, presidenta de la Comisión de pymes de la Cámara de España, “nuestro país no tiene tanto un problema de creación de empresas, sino de crecimiento empresarial. Suavizar los umbrales regulatorios y avanzar hacia la proporcionalidad normativa y burocrática es clave para que las pymes puedan crecer con mayor seguridad”.
El reducido tamaño medio de las empresas en España constituye uno de los principales condicionantes estructurales de su competitividad. En este contexto, resulta esencial seguir impulsando políticas y mecanismos efectivos de apoyo a pymes que favorezcan el crecimiento empresarial, faciliten el acceso a financiación adecuada y las acompañen en su proceso de internacionalización.
Propuesta de mejoras
El informe no solo diagnostica el problema del crecimiento empresarial; también propone un conjunto de medidas de impacto para facilitar un entorno favorable para el crecimiento empresarial sobre la base de las necesidades de las pymes:
Adaptar la regulación al tamaño de la empresa. Aplicar el principio de proporcionalidad en nuevas normas y revisar aquellas que generan cargas excesivas, eliminando duplicidades y reduciendo cargas.
Crear una ventanilla única digital y real. Centralizar trámites, ayudas y procesos para evitar duplicidades y reducir tiempos.
Mejorar la coordinación entre administraciones, especialmente en licencias, pagos, fiscalidad, inspecciones y normativa medioambiental.
Acompañar la digitalización con atención humana. Las herramientas digitales deben simplificar la relación con la administración, pero sin sustituir el asesoramiento experto.
Impulsar la formación y el acompañamiento empresarial. Muchas pymes desconocen instrumentos clave para su financiación, internacionalización y digitalización.
El estudio combina dos perspectivas complementarias sobre las dificultades que afrontan las pymes en su proceso de crecimiento: un análisis cuantitativo a partir de los datos del Directorio Central de Empresas del INE, y la realización de un trabajo de campo entre más de 1.000 pymes con el fin de recoger su percepción sobre el entorno en el que operan.
Fuente: www.camara.es
