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Jul
Según la Encuesta de Población Activa correspondiente al segundo trimestre del año, hecha pública hoy por el INE, el número de ocupados se ha incrementado en 603.900 personas durante este periodo respecto al trimestre previo (aumento del 2,95%), situándose la cifra de ocupados totales en 21.056.700 personas, la más alta en la serie histórica de la encuesta. Respecto al mismo trimestre de 2022, el número de ocupados se incrementó un 2,88% (588.700 ocupados más).
Cabe destacar que los empleos generados durante este trimestre correspondieron exclusivamente al sector privado (610.000 trabajadores más), y en especial al sector servicios, donde se crearon 606.000 puestos de trabajo. Así, el empleo en este sector experimentó una subida 3,88% en relación con el primer tercio del año y del 4,23% con respecto al mismo trimestre de 2022. Como contrapartida, el empleo industrial experimentó un descenso tanto a nivel trimestral (-2,31%) como interanual (-1,82%).
En paralelo, la población activa se incrementó en 238.600 personas en este segundo trimestre de 2023, un avance del 1,01% respecto al primero y un 1,85% respecto al mismo periodo del año anterior.
Por su parte, la población inactiva, si bien disminuyó en relación con el primer tercio de este año (-0,72%), registró una subida interanual del 0,78% (127.800 personas). Este aumento se debió exclusivamente al incremento de personas extranjeras en situación de inactividad, que en los últimos 12 meses subió en 187.600 personas (aumento del 13,66% en un año).
En cuanto al desempleo, el número de personas en paro se redujo en 365.300 personas, lo que representó un descenso del 11,68% en relación con el primer trimestre del año, y de un 5,38% en términos interanuales. Esta reducción en el número de parados junto con el incremento de la población en disposición de trabajar se ha traducido en una disminución de la tasa de paro, que se estableció en el 11,06% de la población activa, 1,67 puntos porcentuales por debajo de la tasa resultante en la última EPA (13,26%). En términos interanuales, la tasa de paro de este trimestre se redujo en 0,88 puntos porcentuales en relación con la registrada hace 12 meses (12,48%).
Sobre el comportamiento del desempleo juvenil, el número de parados menores de 25 años se redujo un 1,5% respecto al primer tercio del año, pero se mantuvo en cifras muy similares a las del segundo trimestre de 2022, registrando un leve descenso del 0,21%. Con estas cifras, la tasa de paro juvenil de este segundo trimestre se situó finalmente en el 27,94%, recortándose 2,09 puntos porcentuales en relación con la del primero y un 0,58 en términos interanuales.
En función de las condiciones de contratación de los asalariados, el número de contratos indefinidos se incrementó un 2,8% durante este segundo trimestre (410.100 contratos más), mientras que los temporales subieron un 3,2% (95.400 contratos más). A pesar de este incremento, la tasa de temporalidad se mantuvo en el 17,3% alcanzado en el trimestre anterior y se situó por debajo del 22,3% del segundo tercio 2022.
Poniendo el foco en la situación de las familias, los hogares con todos sus miembros activos en paro disminuyeron en este segundo trimestre del año, situándose en 916.000, 139.300 menos que en el trimestre precedente (reducción del 13,20%) y 74.300 con respecto al año anterior (caída del 7,50%).
Finalmente, mencionar también el crecimiento registrado en el número de trabajadores por cuenta propia. En este segundo trimestre de 2023 hay 97.300 autónomos más que en el primer trimestre, y 44.000 más que en los últimos 12 meses.
Perspectivas
Los datos de la EPA reflejan la solidez del mercado de trabajo durante un segundo trimestre que suele ser favorable en términos de empleo, debido al empuje de la hostelería y el turismo durante la última parte de la primavera y el inicio de la temporada estival. Y ello a pesar de la incertidumbre asociada al contexto económico global y nacional.
Si bien la inflación se ha moderado y la contención de los precios de la energía y de las materias primas ha permitido a las empresas contener los costes de producción y mantener el empleo, su incidencia sigue siendo importante para las empresas y los hogares españoles y es de esperar que continúe así en el futuro inmediato. Esto, junto a la subida de tipos llevada a cabo por los bancos centrales más importantes, podría retraer de alguna forma el consumo y, por consiguiente, la demanda de bienes y servicios. En este escenario, aún persiste el riesgo de que se reduzcan las necesidades de personal en muchos sectores, lo que traería asociado un descenso en el número de contrataciones.
La Cámara de España prevé una moderación del crecimiento del empleo en trimestres venideros. La creación de puestos de trabajo en el conjunto de 2023 podría avanzar en el entorno del 1,3%, mientras que para 2024 el crecimiento podría situarse cerca del 1,2%, sin descartar actualizaciones en función de la evolución de los acontecimientos.
Si bien la tasa de paro bajó al 11% durante este segundo trimestre del año, parece complicado, dado el contexto nacional e internacional, que se mantenga en esos dígitos a final de año. En el conjunto de 2023 y de cara a 2024 se espera que se sitúe ligeramente por debajo del 13%.
En clave nacional, el mercado laboral debe seguir desempeñando un papel protagonista en la política económica española. Es necesario abordar las reformas estructurales que necesita, como aquellas orientadas a desarrollar el talento y las competencias para la empleabilidad, fomentar y mejorar la Formación Profesional dual, aumentar la interrelación y la cooperación universidad-empresa, o promover la formación continua y permanente de los trabajadores que contribuya a la competitividad de las empresas, entre otras.
Ello debe necesariamente ir acompañado de una política pro-empresa, que impulse un contexto propicio para el crecimiento, la transformación y la creación de empleo. La empresa, como pieza clave de nuestro sistema de economía social de mercado debe ser el centro de la política económica del futuro Gobierno.
Por ello, una de las acciones más urgentes es la reducción de la presión fiscal que soporta el tejido empresarial, para incentivar la competitividad y contribuir a incrementar las inversiones, innovaciones y, en definitiva, la creación de empleo. Abaratar el coste de la contratación rebajando las cotizaciones sociales y reformar el impuesto sobre sociedades, para establecer un tipo único y más reducido que el actual y un esquema de beneficios fiscales más simplificado, figuran entre las medidas a desarrollar en este sentido.
